ULEG denuncia que el alcalde socialista, Rafael Gómez Montoya, utiliza a los letrados del Ayuntamiento para fines personales. La justicia obliga al PSOE a que cumpla la sentencia en la que se obliga a rectificar en la revista municipal La Plaza como indica la misma y no como quiera el Alcalde.LEER MÁS/VIDEO
La justicia ha dictado un Auto exigiendo al Alcalde socialista Rafael Gómez Montoya, a que en el plazo de un mes se ejecute la sentencia que condena a la revista La Plaza a rectificar una serie de informaciones y a elaborar unos videos-resúmenes no manipulados de los plenos. Además, le advierten de que si no cumple en el plazo señalado, ULEG podrá pedir que se le faculte para encargar la obligación a un tercero, a costa de Legacom, o reclamar daños y perjuicios.
El auto judicial demuestra que la sentencia no se ha ejecutado, cosa que sí reiteraban en Legacom y públicamente en un reciente pleno el propio edil García Blazquez, portavoz del PSOE. "Este ayuntamiento además de hacer de la mentira la base de su política ya ha llegado a lo más grave: despreciar el estado de derecho y no respetar las resoluciones judiciales. Si han ejecutado la sentencia como afirmaban, ¿porqué la juez les obliga a cumplir? Queda claro que estamos gobernados por incompetentes. La justicia dirá si por unos presuntos delincuentes", señala el portavoz de ULEG.
ULEG recordó que "si el Alcalde y el gerente de Legacom, designado a dedo y sin cualificación, tanto es así que se modificaron los estatutos de la empresa, se empecinan en no cumpir la sentencia o el presente auto, se están jugando el cometer el delito de desobediencia que recoge el articulo 410 del código penal". ("Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a doce años").
El concejal, Carlos Delgado, también aportó otros documentos que acreditan otra nueva mentira de los gobernantes locales. En concreto de, otra vez, el portavoz y concejal de Hacienda, García Blázquez: "esto de mentir lo lleva en la sangre porque confunde ser testigo con ser imputado, y no se le movió un pelo cuando negó que se estaban contratando abogados y procuradores con dinero público para asuntos que no necesitaban asistencia letrada y que nada tenían que ver con intereses generales, sino con fines partidistas o personales". Así, desde ULEG aportaron las copias de las escrituras en las que se ha apoderado a procuradores y abogados del ayuntamiento para conflictos personales del Alcalde en defensa de su"honor", por lo que exigirán que el pleno obligue al alcalde y al gerente de Legacom a pagar de su bolsillo la intervención letrada en tales pleitos.
En el próximo pleno se presentará una moción para que con el concurso de todas las fuerzas políticas se trabaje en un plan que reactive el empleo y la economía en Leganés. "Vimos en la pasada comparecencia del edil de desarrollo local y empleo que en este ayuntamiento están llenos de propaganda, pero vacíos de iniciativas y propuestas. Con 17.000 vecinos en paro no podemos quedarnos de brazos cruzados, por lo que haremos lo que haga falta, incluidas campañas informativas y reuniones con el tejido productivo, comercial y empresarial de Leganés para que la ciudad salga para adelante ante la desidia, incapacidad e incompetencia del gobierno local. Se nota que ya no les hace ilusión hacer cosas por la ciudad. Son 30 años mandando, y ya sólo se mueven por la erótica del poder y la comodidad de la poltrona. Los vecinos y sus problemas no le importan nada. Ha llegado la hora de abrir las ventanas de este Ayuntamiento y que entre aire fresco, nuevas ideas y un proyecto sólido, contrastado y que ilusione a los vecinos como defiende ULEG".