El 14 de Noviembre de 2007 agentes de la Guardia Civil, acompañados de la Policía Municipal, procedían al registro de las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid así como las Juntas de Distrito de Centro, San Blas y Chamberí.

Dieciséis funcionarios eran detenidos por participar, supuestamente, en una trama de corrupción para la concesión de licencias. Al parecer, La red cobraba alrededor de los 20.000 euros por gestión y agilizaba los trámites de dos años a cinco días. Entre los detenidos figuraban Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente y Joaquín Fernández de Castro, Jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.

Además de los cabecillas de la trama se decretó el ingreso en prisión de dos empresarios: Santiago Castillo Morales y Antonio Sanz Escribano. La empresa del primero de ellos era la que supuestamente se encargaba de falsificar los documentos para solicitar las licencias. Unos días más tarde, el juez Torres ordenaba el ingreso en prisión del funcionario jubilado que ya había sido juzgado por un asunto similar en el pasado.

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2007, eran registradas seis sedes municipales y se producía la detención de diez personas vinculadas a la trama. En esta ocasión ingresaron en prisión Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar, técnico de Medio Ambiente; Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta de Carabanchel; y Fernando Ruiz Torrejón, de Urbanismo. Además, decretó el 9 de enero prisión provisional para los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el 27 de diciembre.

El 24 de Enero de 2008 el juez Santiago Torres decretaba libertad bajo fianza para los diez imputados que aún permanecían en la cárcel, incluido el que fuera responsable de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento, Victoriano Ceballos.

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