En febrero de 2009 el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, comenzaba la investigación del caso Gürtel, "cinturón o correa" en alemán. Se trataba de una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias dirigida por el empresario Francisco Correa que utilizaba fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para obtener un beneficio propio y en la que estarían implicados varios cargos del Partido Popular. Al parecer, la trama utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas".

En Madrid, las supuestas implicaciones provocaron la dimisión de varios cargos del PP de Madrid que presuntamente recibieron dinero a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero y el alcalde de Arganda, Ginés López.

Posteriormente se añadieron nombres a la presunta trama de corrupción en Madrid como el de Benjamin Martín Vasco, diputado autonómico del PP cercano a Aguirre o los de Alfonso Bosch, Diputado de la Asamblea de Madrid y ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte y Luis Bárcenas, tesorero del PP acusado de recibir dinero a cambio de concesiones de actos públicos del partido.

En la Comunidad Valenciana, según desveló el propio juez Garzón, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano habían concedido adjudicaciones a empresas, a cambio de regalos. Según Garzón, estos sobornos estaban vinculados con la adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.

Además de Camps, también estarían implicados otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos

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